sábado, 31 de diciembre de 2011

FISCAL MELGAREJO CUESTIONA A VOCALES QUE ARCHIVARON QUERELLA CONTRA VALENTIN FERNANDEZ

¿La Justicia hace honor a su nombre?. Para el fiscal Titular Lorenzo Javier Melgarejo parece que no lo es y es por eso que critica ácidamente a los vocales que practicamente han enterrado definitivamente la querella contra el cuestionado ex Alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán la misma que le hizo vivir la pesadilla de estar en prisión en Colombia.

En este proceso quedó probado la responsabilidad del ex burgomaestre en el delito de difamación por llamar delincuente a quien es considerado el magistrado mas probo y honesto reconocido por los abogados y la ciudad en general, sin embargo, los vocales Walter Lomparte, Jorge Alvarado y Wilson Chiu Pardo evitaron que sea sancionado. 

Pero este penoso final para el fiscal Javier Melgarejo no es sino es el resultado de manoseos y cálculos juridicos - políticos de varios de los juzgadores que tramitaron dicha querella que se dejaron manipular por el poder politico que en su momento ostentó Fernández Bazán olvidándose de su juramento hipocrático ( ¿o hipócrita deberíamos decir?).

A continuación las declaraciones del Dr. Lorenzo Javier para PODER. 

Cuál es estado de la querella contra Valentín Fernández Bazán?


La Corte Superior de Justicia del Santa gracias a los arquitectos señores jueces Jorge Antonio Alvarado Sánchez, Walter Alfredo Lomparte Sánchez y Wilsón Alejandro Chiu Pardo han legado al país y a Chimbote un monumento a la aberración jurídica y la ignominia judicial, haciendo uso de la potestad que tienen para decir cuadrado donde la realidad muestra redondo y amparados en la impunidad han dado la estocada final al proceso al declarar mediante resolución de fecha 13 de diciembre de 2011, que no ha habido suspensión de la prescripción penal , lo que significa que el delito pese a encontrarse plenamente probado quedará impune por prescripción de la acción penal. Como se recuerda el 1 de junio de 2010 el juez Fray Tolentino Cruz mediante habeas corpus anuló el proceso, justo el día en que iba a ser sentenciado Valentín Fernández Bazán, paralizando el proceso hasta el 13 de enero de 2011 en que el Tribunal Constitucional declaró improcedente, por lo que decir que no hubo dicha paralización es una grosera negación de la realidad que constituye delito de prevaricato, por el que me veré obligado a denunciar y quejar a los jueces solicitando su destitución, porque jueces como estos señores hacen mucho daño al poder judicial y al pueblo que día a día pierde confianza y respeto.

Que mensaje le deja esta amarga experiencia?

Al pueblo de Chimbote le consta que probablemente con errores porque soy humano pero jamás con mala intención, toda mi vida he luchado por la justicia basada en la verdad y la ley, incluso enfrentándome a los jueces, por el cual he pagado muy caro, aflora a la memoria la postergación, degradación y hasta deportaciones, pero este caso me ha permitido conocer más a fondo la miseria espiritual y ética de algunos jueces , indignante servilismo al poder político y sólo Dios sabe a qué mas, con razón, el acceso a la justicia para los pobres de a pie en manos de jueces de esta clase, es casi imposible; claro que hay jueces dignos del cargo que he conocido en este caso, como los señores doctores Jorge Ramos Orillo, Raúl Rodríguez Soto, Miguel Sánchez Cruzado, Carlos Amaya Paredes que tuvieron el valor de actuar con arreglo a ley; fíjese, si esto hacen conmigo, que supongo se imaginan siquiera que algo conozco de derecho ¿qué harán con gente humilde?; entiendo que tienen familia, hijos, me pregunto ¿ de qué dignidad les hablaran siquiera a sus hijos?, qué rostro y autoridad moral exhibirán ante el pueblo y justiciables?.

A qué atribuye todo lo que ha pasado?

Creo que es muy claro para cualquiera, a juzgar lo que la prensa ha hecho conocer, el querellado era uno de los prominentes representantes del partido aprista peruano en el gobierno, investigado por enriquecimiento económico durante el tiempo que ejerció la alcaldía, deduciéndose de ello, una persona con mucho poder político y económico, a tal punto que el gobierno no dudó en meter la mano de una manera grosera para sacarlo del país, con lo cual, evitó que sea sentenciado, una bravuconada del ejecutivo que vergonzosamente aceptó a pie juntilla la juez, todo ello en un ambiente de impunidad; no olvide que hablando figurativamente este caso se ha matado con alevosía y crueldad, la primera puñalada dio el Juez Romas Cruz Avalos al archivarlo con una cuestión previa, la segunda puñada dio el juez Fray Tolentino Cruz anulando el proceso vía habeas corpus avalado por los vocales Linda Vanini Chang y Dwigth García Lizárraga y el tiro de gracias lo han dado los vocales Jorge Antonio Alvarado Sánchez, Walter Alfredo Lomparte Sánchez y Wilsón Alejandro Chiu Pardo avalando la decisión de la juez María Elena Chauca Mejía, con resoluciones absolutamente ilegales, prevaricadores y nada pasa, lo cual constituye un tácito aval y deja al descubierto la injerencia política.

Que va a hacer ahora?

Denunciaré penalmente a los jueces, además de presentar mi queja ante OCMA pidiendo la destitución de estos jueces que son una vergüenza para la administración de justicia, aquí es claro, el más ingenuo se da cuenta de la forma desvergonzada e indignante en que han actuado; además estoy evaluando otras acciones legales, pero no me quedaré con los brazos cruzados ante tamaña ignominia.

Qué le diría al Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa al inicio del Año Judicial?

No olvide que en su persona abrigamos la esperanza de mejorar l administración de justicia en Chimbote, él es quien nombra los jueces provisionales, desgraciadamente en este caso han tenido mucho que ver jueces provisionales, a los hombres se les conoce por su obras, yo deseo de todo corazón que su gestión no se recuerde por los monumentos a la aberración jurídica erigido impunemente por los jueces que nombra. No sé cómo limpiará la inmundicia con que se ha cubierto el rostro de la administración de justicia haciendo que prescriba a casi cinco años un proceso que con jueces competentes y dignos no debió durar tres o cuatro años.(31.12.2011)

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