Demás está decir que el Poder Judicial es una de las instituciones del país donde se presentan altos grados de corrupción, dentro de lo que podemos llamar administración pública, promovidos por malos abogados, litigantes y hasta por el mismo magistrado. Una reciente encuesta efectuada por la Universidad de Lima en la ciudad capital arrojó que un 92.3% de limeños cree que la Justicia es poco o nada honesta y mas de un 54% admite que conoce casos de personas que han sobornado a personal jurisdiccional, sin embargo, la misma encuesta reveló que la Justicia ha mejorado en un 12% desde Agosto del año pasado.
Aun cuando la cifra es pequeña resulta alentador para la ciudadanía y jueces, vocales y trabajadores que de verdad aman a su institución y también por vocación de honestidad por lo que se abre una puerta de esperanza que en un plazo indeterminado se reduzcan notablemente tales índices de corrupción y con ello se retome la confianza (si alguna vez la hubo) de la población en general hacia el Poder Judicial.
Sin embargo, existen elementos que nadan contra esta sana corriente y para muestra está el caso del ocultamiento de la orden de captura en contra del Alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazàn dispuesto por los vocales de la Primera Sala Penal de Corte Superior de Justicia del Santa en el expediente 2007-106 donde el burgomaestre es procesado por los delitos Peculado y Asociación Ilícita para Delinquir.
Realmente se ocultó la orden de captura además de la autoridad edil para sus coprocesados Federico Amunàtegui Sánchez y Edy Arroyo Manrique ex – funcionarios de Fernández Bazàn en su primer mandato.El empleado de este órgano jurisdiccional que debió girar las ordenes de captura solo lo hizo para Angel Rodríguez Varas quien inteligentemente asesorado por su Abogado defensor Pedro Burgos Ezcurra se puso a Derecho ante la Justicia y de ese modo logró recuperar su amenazad libertad.
¿Qué pasó con las otras ordenes de captura?.La Policía Judicial en ningún momento recibió los oficios del caso.¿Quien burló la decisión de los Vocales, quien trasgredió el cumplimiento de la Ley y a cambio de qué o cuanto?.
En busca de una respuesta convincente acudimos hasta el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Eloy Sotelo Mateo, quien sin poder atendernos personalmente y a través de la jefa de Imagen nos derivò a la Codicma así que mejor buscamos a la Presidenta de la Primera Sala, Dra. María Apaza Panuera, y la respuesta fue negativa a pesar de haber planteado que el tema era delicado y por tanto merecía la versión de los implicados en el caso.
Sería saludable que la Codicma informe si abrió alguna investigación al respecto y de los resultados que ella arroje sabremos cuanto la Corte de Justicia del Santa contribuye a mejorar la imagen de este Poder del Estado.
El caso en mención reviste interés por tratarse de una autoridad política a quien el pueblo lo eligió en dos ocasiones en el cargo de Alcalde para, entre otras cosas, cautelar bien los recursos públicos y precisamente el juicio (uno de cientos) en el que está implicado Fernández Bazàn determinará si hubo o no una apropiación de mas de 200 mil soles.
Además este caso nos deja la pregunta sobre ¿cuantas veces se ha operado de este modo ocultando a la Policía Judicial las ordenes de captura de otros personajes con cierto poder en la ciudad?.
Aun cuando la cifra es pequeña resulta alentador para la ciudadanía y jueces, vocales y trabajadores que de verdad aman a su institución y también por vocación de honestidad por lo que se abre una puerta de esperanza que en un plazo indeterminado se reduzcan notablemente tales índices de corrupción y con ello se retome la confianza (si alguna vez la hubo) de la población en general hacia el Poder Judicial.
Sin embargo, existen elementos que nadan contra esta sana corriente y para muestra está el caso del ocultamiento de la orden de captura en contra del Alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazàn dispuesto por los vocales de la Primera Sala Penal de Corte Superior de Justicia del Santa en el expediente 2007-106 donde el burgomaestre es procesado por los delitos Peculado y Asociación Ilícita para Delinquir.
Realmente se ocultó la orden de captura además de la autoridad edil para sus coprocesados Federico Amunàtegui Sánchez y Edy Arroyo Manrique ex – funcionarios de Fernández Bazàn en su primer mandato.El empleado de este órgano jurisdiccional que debió girar las ordenes de captura solo lo hizo para Angel Rodríguez Varas quien inteligentemente asesorado por su Abogado defensor Pedro Burgos Ezcurra se puso a Derecho ante la Justicia y de ese modo logró recuperar su amenazad libertad.
¿Qué pasó con las otras ordenes de captura?.La Policía Judicial en ningún momento recibió los oficios del caso.¿Quien burló la decisión de los Vocales, quien trasgredió el cumplimiento de la Ley y a cambio de qué o cuanto?.
En busca de una respuesta convincente acudimos hasta el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Eloy Sotelo Mateo, quien sin poder atendernos personalmente y a través de la jefa de Imagen nos derivò a la Codicma así que mejor buscamos a la Presidenta de la Primera Sala, Dra. María Apaza Panuera, y la respuesta fue negativa a pesar de haber planteado que el tema era delicado y por tanto merecía la versión de los implicados en el caso.
Sería saludable que la Codicma informe si abrió alguna investigación al respecto y de los resultados que ella arroje sabremos cuanto la Corte de Justicia del Santa contribuye a mejorar la imagen de este Poder del Estado.
El caso en mención reviste interés por tratarse de una autoridad política a quien el pueblo lo eligió en dos ocasiones en el cargo de Alcalde para, entre otras cosas, cautelar bien los recursos públicos y precisamente el juicio (uno de cientos) en el que está implicado Fernández Bazàn determinará si hubo o no una apropiación de mas de 200 mil soles.
Además este caso nos deja la pregunta sobre ¿cuantas veces se ha operado de este modo ocultando a la Policía Judicial las ordenes de captura de otros personajes con cierto poder en la ciudad?.
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